Por: Mirta Rodríguez Pineda
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PANAMÁ
En un escenario global convulso, donde el bloqueo del Estrecho de Ormuz amenaza con desestabilizar el 20% del suministro mundial de petróleo, la seguridad energética ha dejado de ser un concepto técnico para convertirse en una prioridad de seguridad nacional. Para Panamá, una economía cuya factura eléctrica ha estado históricamente ligada a los vaivenes del mercado de combustibles, la reciente licitación para el suministro de energía a largo plazo representa un cambio de paradigma.
El pasado 19 de marzo, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) cerró con éxito la recepción de 74 ofertas de agentes del mercado. El objetivo es ambicioso: asegurar el suministro eléctrico para la próxima década bajo un modelo de contratación que separa la capacidad de generación (potencia firme) de la producción energética (energía), impulsando simultáneamente una modernización sin precedentes del parque térmico existente.
Desagregación de potencia y energía: Eficiencia en el costo
La decisión estratégica de licitar separadamente la potencia y la energía es una herramienta financiera diseñada para optimizar los costos. En términos económicos, la potencia firme garantiza que el sistema tenga la infraestructura necesaria para responder en los momentos de mayor demanda (picos), mientras que la energía se refiere al flujo de electricidad consumido en el tiempo.
Al contratar la potencia de forma independiente, el Estado asegura que las plantas estén disponibles y «listas para actuar» incluso si no están despachando energía constantemente. Esto permite integrar de manera más eficiente las fuentes renovables variables, como la solar y la eólica. Cuando el sol no brilla o el viento no sopla, el sistema ya cuenta con la capacidad firme contratada para evitar apagones, eliminando la necesidad de compras de última hora en el mercado ocasional (spot), que suelen ser extremadamente costosas en tiempos de crisis petrolera.
La reconversión térmica: un «escudo» contra la inflación
El componente más innovador de este proceso es la exigencia de reconversión tecnológica para las plantas que operan con diésel y búnker. Panamá ha enviado un mensaje claro: no se permitirá que plantas ineficientes y contaminantes sigan dictando el precio de la energía.
Las empresas que resulten adjudicadas el próximo 5 de mayo en el Renglón 1, dispondrán de un plazo máximo de 36 meses para migrar hacia tecnologías de combustión con mejor desempeño operativo. Esta modernización es vital para la competitividad del país; una planta térmica eficiente consume menos combustible por cada megavatio generado, lo que reduce la exposición directa de la tarifa eléctrica a las fluctuaciones del precio del crudo causadas por los conflictos en Medio Oriente.
Planificación y transparencia: los pilares del mercado
La respuesta masiva de los inversionistas (74 ofertas) confirma que la certidumbre jurídica es el activo más valioso de Panamá. Según el secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., el proceso se ha conducido bajo criterios de «transparencia absoluta y planificación técnica».
La licitación se estructuró en tres ejes que garantizan la resiliencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN):
Continuidad: Requerimientos de 150 MW a 200 MW que aseguran el crecimiento económico proyectado hasta 2038.
Respaldo: Potencia firme basada en hidroeléctricas y gas natural, que proporcionan la base estable de la matriz.
Descarbonización: Un impulso directo a la contratación de energía limpia, alineando al sector energético con las metas globales de reducción de emisiones.
Según adelantó la Secretaría Nacional de Energía, la adjudicación de estos contratos se definirá el próximo 5 de mayo.
Impacto en el consumidor y la Industria
Desde una óptica macroeconómica, estabilizar la tarifa eléctrica es la mejor política de protección social y fomento industrial. En un momento donde el transporte de crudo por Ormuz es incierto, Panamá apuesta por un sistema donde la eficiencia sea obligatoria. Al obligar a las centrales existentes a modernizarse, el país no solo asegura que habrá electricidad para los hogares y comercios, sino que esta será producida con estándares que reduzcan el riesgo financiero para el consumidor final.
Frente al panorama mundial actual, esta licitación no es solo un acto administrativo; es el diseño de un nuevo ecosistema energético. Al separar potencia de energía y exigir tecnología de vanguardia, Panamá está construyendo una muralla de eficiencia frente a la volatilidad externa, garantizando que el futuro del país sea impulsado por una energía confiable, limpia y, sobre todo, soberana.