Por: Janelle Yatiz

Mientras la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz estrangula las cadenas globales de suministro de energía y fertilizantes, Panamá se enfrenta a una paradoja estructural: por un lado, absorbe el impacto inflacionario directamente en la mesa de sus ciudadanos; por el otro, se consolida como el «salvavidas logístico» del continente, capitalizando su estabilidad operativa en medio del caos geopolítico.

La interrupción del flujo de crudo y gas natural ha provocado un incremento sostenido en los precios internacionales de los fertilizantes nitrogenados, insumos esenciales para el agro nacional. Este shock externo golpea con especial crudeza al sector agropecuario: productores de las Tierras Altas de Chiriquí ya enfrentan alzas significativas en los costos de producción, lo que anticipa un encarecimiento inminente de productos de primera necesidad como la papa, el tomate y la cebolla en los mercados de abasto.

El impacto se extiende al transporte y la energía. Aunque Panamá ha diversificado su matriz energética en la última década, el alza del petróleo presiona al alza las tarifas eléctricas y encarece el combustible para el transporte de carga interna. Este efecto cascada termina por elevar la Canasta Básica de Alimentos, que en áreas urbanas ya supera los 290 dólares mensuales, erosionando el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.

Frente a este escenario, el gobierno panameño ha desplegado un conjunto de acciones orientadas a mitigar la traslación de estos costos al consumidor final. En el corto plazo, se han intensificado los subsidios focalizados al gas licuado de petróleo (GLP) y al combustible para productores agropecuarios, con el fin de evitar un descalabro en los costos de cosecha y distribución.

En el ámbito comercial, el gobierno ha activado mecanismos de compras centralizadas de fertilizantes a través de la Cadena de Frío y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el objetivo de romper intermediarios y garantizar precios más estables para el productor nacional. Estas medidas buscan contener la presión inflacionaria en la fuente, antes de que impacte los estantes de Merca Panamá.

Mientras el Estrecho de Ormuz se convierte en un punto de fricción geopolítica, el Canal de Panamá refuerza su papel como ruta segura, confiable y abierta. Este posicionamiento ha generado dos efectos concretos: primero, un creciente desvío de rutas marítimas hacia la vía interoceánica por parte de navieras que buscan evitar el Medio Oriente, lo que se traduce en un incremento potencial de los ingresos por peajes. Segundo, una mayor demanda sobre los puertos panameños y el ferrocarril, que operan a máxima capacidad para absorber carga que antes transitaba por rutas alternativas, consolidando al país como centro logístico de redistribución para toda la región.

Analistas económicos advierten que, de prolongarse la crisis en Ormuz, Panamá deberá acelerar sus planes de soberanía alimentaria. Esto implica reducir la dependencia estructural de fertilizantes importados mediante el fomento de bioinsumos, la agricultura regenerativa y la optimización de la cadena de frío para minimizar pérdidas poscosecha, un eslabón crítico en la seguridad alimentaria nacional.

En síntesis, Panamá transita por una realidad dual: es, al mismo tiempo, la puerta de escape para el comercio mundial en medio de la incertidumbre geopolítica y un país donde los efectos de esa misma crisis se reflejan en el creciente costo de la vida. La efectividad de las medidas gubernamentales recientes será determinante para evitar que la tensión en Ormuz termine profundizando las desigualdades en el territorio nacional.